Las familias que van a la escuela concertada abonan entre 947 y 1.186 millones de euros al año a sus colegios en cuotas. De media, estas familias pagan de 680 a 860 euros por curso (en función de la definición de cuota elegida, por ejemplo si incluye el comedor o no), según el informe El coste de acceso a la escuela concertada en España: cuantificando las cuotas e identificando sus causas, elaborado por EsadeEcPol y en el que se aborda por primera vez de manera integral el ecosistema de centros concertados, familias y cuotas en toda España a partir de datos de dos encuestas diferentes del INE.
Estas cifras ocultan matices importantes, según los autores del estudio, en un mercado que es cualquier cosa menos monolítico. El primero, que no todo el alumnado de los centros privados sostenidos con fondos públicos paga una cuota mensual, aunque sí casi todos: entre el 81% y un 95% lo hace, en función de la etapa educativa.
Otro detalle es que no todos los colegios tienen la misma motivación a la hora de exigir estos abonos. Dejando fuera al 30% que no cobra cuotas, Esade sostiene que entre los que lo hacen, hay casos en que es por mera supervivencia (un 25%, según el informe), otros para pagar servicios que los conciertos no contemplan (30%) y un tercer grupo que sí responde a la idea más socialmente asentada respecto a estos pagos, los que cobran por diferenciarse del resto, cribar y/o aumentar sus beneficios económicos (15%).
En cualquiera de los tres casos, una realidad es incuestionable en este tipo de centro: “El nivel socioeconómico medio del alumnado que accede a la escuela concertada es mayor que el que accede a la pública: esto es un fenómeno que se da en todas las comunidades”, sostiene el informe, haciéndose eco de investigaciones anteriores. Y lo hace pese a que el sistema de acceso debería ser el mismo que el de la red pública y que el cobro de cuotas es, en teoría, ilegal porque la escuela concertada se considera parte del sistema público y debe ser gratuita.
“Los centros deberían ser gratuitos por ley, por lo que formalmente cualquier cuota es ilegal”, concede Xavier Bonal, uno de los autores del estudio. Pero para él el problema está en otro sitio. “Todo el mundo asume que la infrafinanciación justifica la cuota, pero hay que considerar que solo una parte de esos 950-1.100 millones de euros podría estar justificada por infrafinanción, otra no. Entonces ya hablamos de un problema de desigualdad”, razona.
